Publicado en Espacios públicos y agendas mediáticas en Iberoamérica (RAIC, 2010).
Historia y propiedad de medios televisivos en Argentina
El presente artículo aborda los principales aspectos históricos, particularmente de la televisión, que desembocaron en la configuración del escenario mediático argentino actual, tanto en lo referido a la dimensión legal como a la articulación empresarial en torno de la propiedad de medios que ella favorecía u obstaculizaba en cada período. Nuestro interés radica en observar además cómo el pasado vuelve sobre el presente y derrama sobre él los vestigios de lo que se ocultó, lo que se truncó, tergiversó, censuró y deslegitimó en los medios argentinos. A la vez, se busca relacionar las vicisitudes de cada período y el rol que fueron cumpliendo los medios como actores fundamentales en la definición de las principales agendas de opinión pública. La reseña se extiende hasta la sanción de la nueva norma para medios audiovisuales, la recientemente puesta en vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522, que fuera fuertemente resistida por los medios concentrados del país pues se trata de una legislación que claramente pretende democratizar el uso del espectro radioeléctrico, permitir la inclusión de nuevos actores no empresariales en el ejercicio del derecho a la comunicación y establecer mecanismos para disminuir la monopolización en la propiedad de medios que había operado en las últimas décadas en la república.
Los inicios de la televisión en Argentina
En Argentina las emisiones televisivas se inician en 1951, durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón. La primera transmisión se logró con una antena instalada en el Ministerio de Obras Públicas y utilizó la infraestructura y locutores de LR3 Radio Belgrano. Se trató del discurso de Eva Perón ante la militancia reunida en Plaza de Mayo con motivo de la conmemoración del 17 de octubre de ese año. Fue el Estado Nacional y las políticas por él definidas las que marcaron el rumbo que tuvo la televisión en esos primeros años, un canal en manos del Estado con la importación y comercialización de aparatos de producción estadounidense a partir de la iniciativa privada, concretamente del empresario Jaime Yankelevich (quien ya se encontraba vinculado a Radio Belgrano desde sus inicios). Los altos costos que representaba la compra de los aparatos hicieron que el acceso a la programación fuera compartida en bares y negocios. La incipiente actividad del medio televisivo fue regulada en septiembre de 1953, a partir de la sanción de la Ley 14.241 de Servicios de Radiodifusión.
En esta norma se establecía que el servicio de radiodifusión es de interés público y, a diferencia del servicio público definido por la constitución de 1949 –que implica al Estado reservar la exclusividad de la explotación de recursos o servicios– el Poder Ejecutivo (representante del pueblo a través del voto) puede autorizar a particulares la prestación del mismo a través de permisos o licencias para el uso del espectro radioeléctrico. Esta definición ha sido el fundamento de políticas estatales que fluctuaron entre una tendencia fuertemente estatista por parte del gobierno en turno (censuradora en algunos casos, de monopolio estatal en otros), o fuertemente privatista y desmanteladora de los medios estatales. La Ley de Servicios de Radiodifusión de 1953, establecía que las licencias durarían 20 años, podían acceder a ellas particulares, personas jurídicas o sociedades, en cuyo caso debían poseer un 70% de capital nacional (por lo tanto un máximo de 30% de capital extranjero). Las referencias al contenido de la programación se vinculaban a elevación del nivel moral, intelectual y cultural del pueblo, el respecto a las leyes, las autoridades y la figura del Estado. En cuanto a la publicidad, especificaba que no debía afectar la calidad de la programación. Este último punto marcó una característica constituyente de los medios radiales y televisivos (tanto privados como estatales) desde el punto de vista de su sostenibilidad económica. Por lo tanto, fue también determinante en sus contenidos, los cuales estuvieron atados (y en muchos casos subordinados) desde sus orígenes a las mediciones de audiencia.En otro orden, durante este período se organiza el espectro radioeléctrico a partir de la constitución de tres redes (que en rigor ya venían funcionando con un diseño similar en el uso de las ondas radiales desde más de una década atrás) y sobre ese esquema se establece el llamado a licitación previsto por la ley dentro de los 90 días a contar desde la promulgación de la misma. Las tres redes contaban con una cabecera y 24 estaciones en capital y el interior del país: Red A, cuya cabecera sería Radio Mitre, Red B, cuya cabecera era Radio Belgrano (y que contaba con un canal de televisión, Canal 7) y Red C que tenía como cabecera a Radio Splendid (que también incluía un permiso de televisión). Por supuesto, todas las emisoras cabeceras eran de Buenos Aires. A pesar de lo establecido por la ley, el llamado a licitación se produjo en junio de 1954 y la adjudicación de las licencias a los empresarios en octubre de ese año: Red A a la Empresa Editorial Haynes Limitada Sociedad Anónima (que editaba el diario El Mundo), la Red B a A.P.T. (Promotores Asociados de Teleradiodifusión Sociedad Anónima, dirigida por el empresario peronista Jorge Antonio) y Red C a la Sociedad Anónima La Razón, editorial, emisora, financiera y comercial, (que editaba el diario La Razón). Como vemos, la sinergia entre medios gráficos, radio y televisión fue característica de los comienzos de los nuevos medios.
La televisión a partir de la dictadura de 1955
Como era de suponer, con el golpe de Estado de 1955, el esquema de propiedad de medios legitimado por el peronismo fue trastocado: el 1º de octubre de ese año, el gobierno dictatorial deroga la Ley de Radiodifusión sancionada por el peronismo en 1953, deja sin efecto las licitaciones de 1954 e interviene las emisoras. En noviembre de 1957 se sanciona una nueva norma para la radiodifusión, el decreto-ley 15.460/57. Este prohíbe la participación de capital extranjero y establece la duración de las licencias en 15 años. Además, cada licenciatario podía aspirar a una estación de radio y un canal de TV, impidiéndose de este modo la formación de cadenas. El Canal 7 pasó a formar parte del Servicio Oficial de Radiodifusión junto con Radio Nacional (que había sido creada en 1937 a partir de la donación de un edificio y un transmisor por parte de la Editorial Haynes, adjucadicataria de la licencia de la Red A en 1954). Finalmente también en ese año, a partir del decreto Nº 16.531, se establecieron las bases para el llamado a licitación de tres canales de televisión, lo que se concretó en marzo de 1958. La comisión encargada de la evaluación de las propuestas presentadas se pronunció en abril declarando desierto el concurso para medios televisivos. Una nueva junta evaluadora (no prevista en la ley) aconseja al Poder Ejecutivo Nacional, a cargo del dictador General Pedro E. Aramburu, el otorgamiento de licencias para instalar canales de televisión a las empresas CADETE (Compañía Argentina de Televisión), integrada por Kurt Lowe y algunos militares, que obtuvo la licencia de Canal 9, DICON, vinculada a la Iglesia, (a la orden de los jesuitas a través del Padre Héctor Grandinetti), la cual se quedó con Canal 11, y Río de la Plata TV, que resultó adjudicataria del Canal 13, (figuras de la Unión Cívica Radical y algunos empresarios agroexportadores). Es así que en 1960 iniciaron sus transmisiones desde Buenos Aires los canales 9 Cadete (el 9 de junio de 1960) y 13 PROARTEL (el 1 de octubre de ese año). En 1961 lo hizo Teleonce y en 1966, Canal 2 de La Plata, que se sumaron al canal privado pionero del interior del país, Canal 12 de Córdoba.
Con pocas modificaciones, Canal 7, 9, 11 y 13 de Bs As. y 2 de La Plata, fueron los canales de televisión abierta que han dominado la escena televisiva porteña y nacional durante las siguientes décadas. La gran inversión que requería la puesta al aire de los canales y los enormes intereses económicos en juego, motivó que cadenas televisivas extranjeras se asociaran a las locales, por lo que además de capital aportaban contenidos a la naciente programación televisiva. De este modo, Canal 13 se nutría en su producción de PROARTEL (Producciones Argentinas de Televisión), cercana al grupo CBS (Columbia Broadcasting System) – Time Life. La NBC (National Broadscasting Corporation) estaba vinculada a Telecenter, productora de Canal 9 y Telerama, productora de Canal 11, pertenecía a la cadena ABC (American Broadcasting Company). Esta sociedad (licenciatarios-productoras extranjeras) representaba una manera de sortear la prohibición de la inversión directa de capitales extranjeros en licencias televisivas. Esta situación, sin ninguna duda, profundizó el modelo centralista no federal que caracterizó a nuestro país desde sus inicios. Con el tiempo, ya lo veremos, las empresas y capitales extranjeros se fueron retirando y la producción de contenidos fue asumida por empresas nacionales. Como vemos, en los inicios de la televisión encontramos negocios diversificados que incluyen empresas conexas, como las de producción de contenidos, a las que más tarde se sumarían las de gestión de aire (publicidad) y medición de audiencia (rating), además de la edición de revistas especializadas (TV Guía, Canal TV y Antena TV).Durante la década de los sesenta, nuevos actores se sumaron a la propiedad y control de estos medios: en 1965, Alejandro Romay adquiere el control sobre Canal 9, Editorial Atlántida (Familia Vigil) en sociedad con Goar Mestre se vincula a Canal 13 y Editorial Sarmiento en sociedad con Héctor Ricardo García a Canal 11. Esta entrada de capital nacional supone la salida del capital extranjero de las productoras asociadas a los canales. Como dijimos, además de los programas enlatados, en esa época y gracias a los avances tecnológicos, los canales del interior comenzaron a recibir la programación de Capital Federal en diferido, aunque con escasa calidad en la definición de la imagen más allá de los 60 kilómetros de la antena transmisora. Se implementaron entonces los circuitos cerrados de televisión, antecesores de los sistemas de TV por cable. A la enorme explosión de la programación, hay que sumarle en esta década la creación de numerosos medios televisivos en el interior. Si en 1963 había en el país 8 canales, una década después esta cifra se elevaría a 35 canales de aire (la mayoría de ellos gestionados por el sector privado), 38 estaciones repetidoras y 35 canales de circuito cerrado (Bulla, 2005).
Los medios y la dictadura militar de 1976
Reseñar este período de la historia argentina y la situación de los medios, supone referirse a la desaparición y muerte de muchos periodistas, al silencio y la censura impuesta a costa de la vida, e implica entrar en un cono de la peor sombra de ocultamiento de la verdad que haya ocurrido en nuestro país hasta ahora. Los medios se convirtieron en verdaderos títeres del poder dictatorial, y si bien la censura inicial se fue aflojando con el paso del tiempo desde el punto de vista de ciertos mecanismos de control, la autocensura representó una de las prácticas más eficaces que logró imponer el terrorismo de Estado en los medios y en los periodistas (sin descartar la necesaria complicidad de algunos de ellos). Los canales de televisión capitalinos, otrora privados, fueron repartidos entre las diferentes fuerzas militares, expresando mediante una competencia descontrolada las luchas internas en el seno del poder militar. Esto iba generando, al mismo tiempo que un desorden e incoherencia en la pantalla, un crecimiento del gasto en producciones y cachet de los actores, que sumieron a los canales en recurrentes crisis financieras.
Los contratos firmados subían, sólo por esta puja –entre las tres fuerzas militares- hasta alturas siderales, encareciendo sin necesidad costos que, luego, los ingresos publicitarios no llegaban a cubrir. Comenzó entonces a hacerse habitual la asistencia del Tesoro y el endeudamiento progresivo con proveedores de todo tipo. (Sirvén, 1988:98)
Hubo una serie de hechos que caracterizaron el período dictatorial en los que el poder militar, el poder mediático y el poder económico se combinaron para ejercer el terror y operar una transmutación ideológica sin precedentes en la sociedad argentina, de la que aún hoy sufrimos las consecuencias. Estos hechos fueron:
- La contra información de Ancla y Rodolfo Walsh
- La creación de Argentina Televisora Color (ATC)
- La imagen de la dictadura en el exterior y el Mundial ‘78
- El negociado de papel prensa con El Clarín y La Nación
- La Ley de Radiodifusión
- La manipulación mediática de la Guerra de Malvinas
La contra información de Ancla y Rodolfo Walsh
La Agencia de Noticias Clandestinas (ANCLA), cuyo mentor fue el militante montonero, escritor y periodista Rodolfo Walsh, comenzó a funcionar en junio de 1976, meses después del golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Como dijimos, inmediatamente luego del golpe, el terror se impuso en nuestro país de la mano de la desaparición y muerte de personas, incluidos periodistas, y de la cooptación de los principales medios de comunicación. Estos quedaron en manos de militares representantes de las tres fuerzas armadas, quienes establecieron fuertes mecanismos de control y censura para evitar que la verdad de lo que estaba sucediendo saliera a la luz:
[…] para Rodolfo Walsh la dictadura provocaba un terror basado en la incomunicación, y a esta idea dio respuesta estructurando una forma de comunicación clandestina. Gracias a su trabajo, Walsh pudo proveer a los medios nacionales y extranjeros de informaciones fidedignas, e incluso pudo difundir datos aportados por periodistas que no podían publicarlos en su medio. (Vineli, 2002)
A finales de 1976, de manera paralela a ANCLA, y habiendo experimentado las limitaciones de la misma para hacer más extensiva la difusión de la verdad, Walsh crea Cadena Informativa. Por lo general, era él quien escribía los informes, en un formato corto y fácil de reproducir, los que eran enviados a personas representativas del quehacer nacional para hacerla circular y formar de este modo formar una cadena. Al pie de los partes rezaba:
“Cadena Informativa es uno de los instrumentos que está creando el pueblo argentino para romper el bloqueo de la información. Cadena Informativa puede ser USTED MISMO, un instrumento para que usted se libere del terror y libere a otros del terror. Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. DERROTE AL TERROR. HAGA CIRCULAR ESTA INFORMACION”. (Vinelli, 2002)
El 25 de marzo de 1977, un día después de fechada su Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar, Rodolfo Walsh fue interceptado por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, quienes le dieron la orden de entregarse, y ante la resistencia de Walsh, fue muerto en el intercambio de disparos.
Argentina Televisora Color (ATC) y la imagen de la dictadura en el exterior
Como parte de su política de ocultamiento de la realidad y distorsión de las verdaderas características del gobierno dictatorial, este aprovechó la realización del Campeonato Mundial de Fútbol de 1978 tanto para la creación de consenso interno como para proporcionar una ventana ante al mundo que ya comenzaba a cuestionar seriamente la violación a los derechos humanos (de lo que se tenía noticias a pesar del fuerte control de la información) y presenta a nuestro país como un país pacífico y ordenado. De paso, implicó la posibilidad de realizar una serie de negocios vinculados a la elección de la norma para la transmisión de los partidos en color al exterior (el público argentino no pudo ver el evento mundial en color), la construcción de estadios, la construcción de un canal televisivo equipado para poder transmitir en color, etc. En ese marco nace el ente Argentina78 TV, luego Argentina Televisora Color (ATC) que reemplazaría a Canal 7, y que demandó 70 millones de dólares entre construcción y equipamiento. La norma elegida para la transmisión en colores fue la alemana Pal N.
El negociado de papel prensa con El Clarín y La Nación
En 1969, el gobierno del dictador Juan Carlos Onganía creó el Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel y Celulosa, por medio del decreto ley 18.312, con el objetivo de disponer de recursos para crear la primera empresa nacional de papel de diario, que hasta entonces debía ser importado representando un alto costo para los diarios argentinos. Este Fondo sería alimentado con un canon del 10 % sobre la importación del papel, impuesto que estuvo vigente durante los siguientes 10 años. La nueva empresa estaría compuesta por un 51% de capital nacional en acciones, y el resto los aportaría el Estado, compartiendo la composición accionaria. Con ese fin, en 1972 se llama a una licitación que fue declarada desierta. El presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse en ese momento negoció una adjudicación directa a favor de César Augusto Civita, de Editorial Abril, César Doretti y Luis Alberto Rey (de quien se decía que era testaferro de David Graiver, banquero a quien se vinculaba a la organización peronista Montoneros). Ya por 1973 Graiver controlaba más del 70% de las acciones de papel prensa. En 1976 el empresario falleció en un sospechoso accidente aéreo pocos meses después del inicio de la dictadura de Jorge Rafael Videla y sus familiares directos fueron perseguidos y detenidos por el gobierno militar, como también expropiados sus bienes. Un día antes de su detención, su viuda Lidia Papaleo fue presionada para aceptar la venta de las acciones de Papel Prensa a un precio irrisorio (8 millones de dólares en contraposición con los 250 millones de su valor real según las investigaciones realizadas en 1986 por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas).
Las empresas beneficiarias de esa venta fueron los diarios El Clarín, La Nación y La Razón, y el traspaso se concretó en 1977. El dinero que utilizaron los diarios para la compra fue obtenido a través de créditos otorgados por dos bancos extranjeros. El negociado no sólo era la propiedad de las acciones, sino el control absoluto de los precios del papel, ya que como lo denuncia Julio Ramos del diario Ámbito Financiero,
se regaló papel prensa sólo a tres diarios (…). Luego se elevó el arancel de importación de papel a 44-48% para que no hubiera otra escapatoria que comprarle a esa fábrica a precio exorbitante. Cuando bajó el arancel, con los radicales, y el precio bajó, Papel Prensa no le vende a nadie. A precio bajo sólo se benefician los dueños. (en Lanata, 13/04/08)
La primera planta de fabricación de papel prensa, ubicada en la localidad bonaerense de San Pedro, fue inaugurada el 27 de septiembre de 1978, con la presencia del presidente dictador Videla y la directora y accionista mayoritaria del Grupo El Clarín, Ernestina Herrera de Noble. Es de destacar que actualmente la dueña de El Clarín posee una denuncia en su contra por la apropiación de dos niños presumiblemente hijos de desaparecidos, hecho que data de los primeros meses de la dictadura. La identidad de esos niños, hoy jóvenes, aún no ha sido restituida. En ese marco, es explicable que la posición del diario durante la última dictadura militar haya sido de una tibieza rayana con la complicidad. El titular del día 24 de marzo de 1976 del Gran Diario Argentino (según la propia definición de El Clarín) fue: “NUEVO GOBIERNO”, mientras que la del 25 de marzo contrasta la volanta de su tapa “TOTAL NORMALIDAD”, seguido de un nada normal titular “LAS FUERZAS ARMADAS EJERCEN EL GOBIERNO”. En el año 2000, el diario La Razón se declaró en quiebra y sus acciones, incluidas las que tenía en papel prensa, fueron compradas por el Grupo El Clarín. Actualmente el Grupo posee el 49% de las acciones, La Nación el 22,5%, el Estado Nacional posee el 27,5 % y el 1 % restante se cotiza en Bolsa.
La Ley de Radiodifusión
Como se ha expuesto, durante los primeros años de la dictadura el gobierno militar no se preocupó particularmente por desandar el camino de la estatización, muy por el contrario, el control de los medios fue una condición complementaria (pero no por ello menos importante) para el control impuesto por medio del terror y del andamiaje de dominación económica. Pero en 1980, y como fruto de conversaciones con entidades patronales de medios privados (como la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas –ARPA– y la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas –ATA-), el gobierno sancionó el Decreto-Ley de Radiodifusión Nº 22.285, que se mantuvo vigente por casi treinta años. Entre otras cuestiones que revelan el carácter restrictivo y antidemocrático de la ley, se puede mencionar la exclusión de las entidades sin fines de lucro como potenciales licenciatarias de medios de radiodifusión. Otra de las cuestiones que fueron configurando el mapa de medios en esta década fue la limitación de que las empresas que no tuvieran como único fin la explotación de medios audiovisuales (esto es empresas de medios gráficos) pudieran ser titulares de las nuevas licencias, como también la prohibición a la incorporación de capitales extranjeros en la composición accionaria de las empresas adjudicatarias de las licencias. Los socios de la empresa licenciataria no debían exceder el número de 20 personas físicas. A su vez, cada empresa podría poseer un máximo de cuatro licencias (una de ellas obligatoria en zona de frontera) y las otras una de televisión, una radio y una de servicio complementario, (como los servicios de cable o circuito cerrado de TV o la radio de FM). Las licencias durarían 15 años, pudiendo ser prorrogadas por única vez por 10 años más, y estaba contemplada la extinción de la licencia “por razones de interés público”, en cuyo caso correspondería una indemnización al licenciatario. La ley finalmente establecía que dentro de los 180 días el Poder Ejecutivo aprobaría el Plan Nacional de Radiodifusión (PLANARA), y una vez aprobado este, dentro de los 36 meses contados a partir de esa fecha, serían ofrecidos a particulares las licencias de las estaciones previstas por el Plan. El PLANARA constaba de una planificación en etapas para instalación de nuevas emisoras radiales y televisivas y privatizaciones de las ya existentes. Ese proceso, que quedó suspendido con la asunción del radicalismo al gobierno, además de ser lento, estuvo cargado de irregularidades que tenían por objetivo obviamente dejar las emisoras en manos de los amigos del poder militar, objetivo cumplido en algunos casos y otros objetos de batallas judiciales a posteriori. En ese marco, Alejandro Romay consiguió recuperar la licencia de Canal 9, cobrándose la deuda al estado de cuando le expropiaron su productora, traspaso que se concretó en 1983. En agosto de 1983 se privatizó Radio Mitre, quedando en manos de Radiocultura, S. A, empresa vinculada al diario El Clarín que no podía acceder a una licencia de radio o TV por disposición de la Ley 22.285.
La manipulación mediática de la Guerra de Malvinas
La aventura de recuperación de las Islas Malvinas fue en primer lugar una forma de lograr recobrar cierto consenso del que la dictadura había gozado entre algunos sectores de la sociedad y que ahora iba perdiendo mientras más se agudizaba la inmanejable crisis económica del país. Por otro lado, de neutralizar la fuerte oposición que se animaba a articularse entre quienes se rechazaban abiertamente al régimen. Pero más allá de ello, puso en evidencia el fuerte control que el poder militar tenía aún sobre los medios y el nivel de alianzas con la patronal mediática que fue entretejiendo a lo largo de los años. De este modo, los medios se prestaron, una vez más, a la gigantesca maniobra de manipulación y ocultamiento de la realidad en torno a lo que estaba sucediendo en el conflicto bélico, y colaboraron en la campaña de apoyo a las tropas en combate con la recolección de alimentos, dinero, ropa y joyas que la sociedad generosamente puso a su disposición y que escasamente (en el mejor de los casos) llegaron a sus destinatarios.
Los primeros años del retorno a la democracia
La nefasta experiencia de las Malvinas precipitó la caída de la dictadura que entregó el poder al presidente electo en diciembre de 1983, Raúl Alfonsín. En materia de medios de comunicación las promesas expresadas en la plataforma electoral, el alfonsinismo proponía la derogación de la ley de la dictadura y la sanción de una nueva ley, la reorganización del COMFER, la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Radio y Televisión que se ocupara de
la preservación del derecho a una información veraz, el respeto al pluralismo ideológico, la vigencia del derecho a réplica, el libre acceso de personas e instituciones al uso de medios de comunicación y la defensa de la forma democrática y republicana de gobierno. (Sirvén, 1998: 107)
Sin embargo, muchas de estas propuestas no se concretaron en el gobierno alfonsinista. En primer lugar, y como aspectos más importantes, el gobierno dejó sin efecto el PLANARA e intervino el COMFER, pero no derogó la ley de la dictadura ni sancionó una nueva ley, aunque si hubo intentos por discutir y aprobar proyectos presentados por el radicalismo que fracasaron por la presión de medios privados, en particular del diario El Clarín, que no cesaba de hostigar desde sus páginas tanto la política económica alfonsinista (que derrapaba sin remedio), como el propio proyecto oficial de ley de medios. Lo cierto es que los diferentes proyectos que habían ingresado al Congreso para su tratamiento tanto desde el oficialismo como desde la oposición apenas si comenzaron a discutirse en comisiones de la Cámara de Diputados: el alfonsinismo, como en tantos otros temas, no alumbró los cambios de legislación en materia de medios que la sociedad esperaba. La inacción respecto de la apertura mediática que la democracia debía garantizar, se tradujo en la explosión de nuevos medios no legales (“truchos” como fueron denominados), fundamentalmente de radios de frecuencia modulada (FM), ligadas tanto a organizaciones de la sociedad sin fines de lucro como iniciativas privadas (pequeños y grandes empresarios). En cuanto a los medios televisivos que estaban aún en manos del Estado, se continuó con el mismo esquema de gestión estatal de los canales 11, 13 y 7.
La década de los noventa
Si algo caracteriza el escenario mediático actual, es la ocurrencia de dos fenómenos que se consolidaron fundamentalmente a partir de la década de los medios en el país:
- La concentración de la propiedad de los medios
- La convergencia entre los sectores audiovisual, informático y telecomunicaciones.
La concentración en la propiedad de los medios se articuló a partir del reingreso de capitales extranjeros en la escena mediática de nuestro país y la expansión y diversificación de actividades económicas de otros actores mediáticos, como los vinculados a los diarios El Clarín y La Nación. Esta configuración tiene estrechos vínculos con lo que sucedía a nivel de política internacional, que marcó profundamente los rumbos de los países latinoamericanos. El conjunto de recomendaciones se conoció como Consenso de Washington, es expresión de la perspectiva neoliberal que suponía un programa para los países latinoamericanos frente a las profundas crisis económicas en las que estaban sumidos.
En relación al diagnóstico de la crisis, se identifican como causas el excesivo crecimiento y proteccionismo del Estado, de la regulación y del peso de las empresas públicas, numerosas e ineficientes. Relacionado con ello, el denominado “populismo económico”, esto es, la incapacidad de los gobiernos para controlar el déficit público y las demandas de aumentos salariales (tanto del sector público como del sector privado). En virtud de este diagnóstico, las políticas recomendadas a corto plazo estaban destinadas a lograr la estabilización, combatir el populismo económico y alcanzar el equilibrio fiscal. Finalmente, con las recomendaciones de políticas de reformas de largo plazo o de ajuste estructural, se buscaba generar un modelo de desarrollo orientado hacia el mercado, por lo tanto la reducción del Estado, liberalización del comercio internacional y promoción de las exportaciones. En esa línea, las recomendaciones fueron:
- Liberación del comercio y su orientación hacia el exterior, eliminando cualquier tipo de barrera (arancelaria y no arancelaria)
- Atracción de inversiones extranjeras, eliminando cualquier tipo de restricción
- Privatización de las empresas públicas
- Desregulación de las actividades económicas
- Firme garantía del derecho de propiedad.
Las empresas mediáticas y de telecomunicaciones no estuvieron exentas de la aplicación de estas recetas. De este modo, en el caso de muchos países latinoamericanos, la privatización de medios y empresas públicas de telecomunicaciones, la desregulación y la inversión extranjera llevaron a la concentración económica de la actividad y el monopolio o cuasi monopolio por parte de algunas grandes empresas, fundamentalmente transnacionales. Es así que, en agosto de 1989, cuando aún no se acaban los festejos de la asunción a la presidencia de Carlos Saúl Menem, es sancionada la Ley Nº 23.696 de Reforma del Estado, donde se incluyen importantes modificaciones a la Ley de Radiodifusión 22.285:
- Eliminó la condición de que el objeto social del licenciatario debía ser exclusivamente el de radiodifusión (art. 46 inc. a), por lo tanto se habilitó a personas vinculadas a medios gráficos de presentarse a concurso para una licencia de radiodifusión.
- Eliminó el art. 46, inciso c, que establecía que los socios debían ser personas físicas y no debían exceder el número de 20, con lo cual quedarían habilitadas las personas jurídicas.
Al mes siguiente, el 21 de septiembre de 1989 y con la legislación en regla, Carlos Menem llamó a licitación para la privatización de los canales 11 y 13. Tres meses después, luego de 15 años en manos del Estado, los canales 11 y 13 volvieron a manos privadas. Sus nuevos licenciatarios fueron Televisión Federal S.A. –Telefé– (Editorial Atlántida, junto a otros socios, entre ellos 10 canales del interior del país), para el caso del 11, Arte Radiotelevisivo Argentino –ARTEAR S.A.- (Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto -ambos del diario El Clarín– junto a otros canales del interior).
En 1991, el Presidente sostuvo una reunión con la dueña de El Clarín, Ernestina Herrera de Noble, donde le pidió que Liliana López Foresi (que conducía por Canal 13 el programa Revista 13. Periodismo con opinión, en el que exponía duras críticas a la política de privatizaciones del menemismo) no hablara más en contra del gobierno. A cambio, Herrera de Noble le pidió a Menem que Guillermo Patricio Kelly (que en ese momento se desempeñaba como periodista en Canal 7, estatal) no hablara en su programa acerca de los hijos adoptivos, presumiblemente hijos de desaparecidos apropiados por la Sra. de Noble. Así se hizo; la alianza del más adelante Grupo El Clarín con el gobierno de turno, se había consumado una vez más. Como el resto de las empresas a privatizar, para el caso de los canales, el Estado asumió el pasivo que estos arrastraban. Por supuesto que las privatizaciones de estos y otros medios permitieron la gestación de una campaña de desprestigio de las empresas estatales, por ser deficitarias, poseer demasiado personal, ser poco competentes y estar mal administradas. De esta manera, la alianza entre medios-menemato no sólo significó un tremendo negocio para ambos, sino que permitió allanar el camino para los sucesivos negocios de las privatizaciones menemistas.
En 1991, el gobierno firmó el decreto 1771, reglamentario del artículo 68 de la ley 22.285, (que prohibía la constitución de redes privadas permanentes). En la nueva norma, se especifica que se podrán formar redes de programación siempre y cuando exista una producción diaria del 50% por parte de la empresa afiliada, y que se respeten los derechos de publicidad de cada emisora. Con este decreto se cerraba cada vez más el círculo de la concentración, no sólo de los medios en pocas manos, sino de la programación que invadía los medios del interior aunque no fueran del mismo dueño capitalino. Otros movimientos que continuaron reforzando la posición hegemónica en el mercado de los medios por parte principalmente de El Clarín fueron su asociación con Torneos y Competencias (empresa de Carlos Ávila que tenía los derechos de televisación de los partidos de primera división) y la entrada en el negocio del cable (con la compra de Multicanal), además de la televisión satelital, con la compra de las acciones de dos empresas: Televisión Satelital Codificada (TSC) y Tele Red Imagen S.A. (TRISA). En 1993, Artear lanza dos señales de cable propias: Todo Noticias (canal informativo 24 horas), y Volver (contenidos audiovisuales argentinos ya emitidos).
Esta enorme expansión de la empresa gráfica argentina hacia otros medios comenzó a encontrar competencia en 1992, cuando se aprobó la Ley Nº 24.124 que ratificaba el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones firmado con EEUU en noviembre de 1991. Esto posibilitó lo que el art 45 de la ley 22.285 prohibía, es decir que empresas extranjeras pudieran participar del negocio de los medios de radiodifusión: en este caso que las empresas inversoras de Argentina y Estados Unidos, en el ámbito de sus territorios, recibieran un trato no menos favorable a aquel otorgado a sus propios inversores o inversores de terceros países. De acuerdo con el Tratado este trato igualitario no obstaculizaría el “derecho de cada Parte a hacer o mantener excepciones que correspondan a algunos de los sectores o materias que figuran en el Protocolo anexo al presente Tratado”. No causalmente, según el anexo, la larga lista de excepciones establecidas por Estados Unidos, limitadas al trato nacional, eran los siguientes sectores: transporte aéreo; navegación de alta mar y cabotaje; banca; seguros; energía y producción de energía; despacho de aduanas; propiedad y gestión de estaciones emisoras o de servicio público de radio y televisión; propiedad de bienes raíces; propiedad de acciones en la «Communications Satellite Corporation»; provisión de servicio público de teléfonos y servicios telegráficos; prestación de servicios de cable submarino; utilización de terrenos y recursos naturales. Mientras tanto, para Argentina, las excepciones reservadas a capitales nacionales eran en los sectores de: propiedad inmueble en áreas de frontera; transporte aéreo; industria naval; plantas atómicas; minería del uranio; seguros; minería; pesca. Nada dicen las excepciones acerca de los medios de comunicación audiovisual. A partir de allí, se produce una oleada de inversiones de empresas extranjeras (tanto del campo mediático como del financiero) en los negocios vinculados a los medios que disputan o se asocian a los nacionales para apoderarse de la televisión abierta, la televisión por cable, TDH (Televisión Directa al Hogar) y las provisión de Internet.
De este modo, entre 1997-1998 la alianza Telefónica Internacional (TISA) y el Citibank-CEI (Citicorp Equity Investment), el banquero menemista Raúl Monetta, y el fondo Hicks Muse, Tate & Furst, compra el 42% de las acciones de Editorial Atlántida y se vincula así con Radio Continental y Telefé. Además el 35,3% de Torneos y Competencias y el 66,56% de Cablevisión. A su vez, CEI-Telefónica y El Clarín adquirieron por partes iguales las acciones de Video Cable Comunicación, con lo cual terminaron siendo socios. No fueron estas las únicas empresas de cable compradas por El Clarín, por el contrario, éstas fueron incrementándose hasta convertirse en la actualidad en propietaria de uno de los más grandes operadores de cable del país. En 1997 se crea Prima, empresa del Grupo El Clarín dedicada a brindar acceso a Internet y producir contenidos digitales. En ese mismo año, también nace la Compañía Inversora de Medios de Comunicación S. A. (CIMECO), en sociedad al diario La Nación, que controla varios matutinos en el interior del país; entre ellos La Voz del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza. En 1999, se constituye el Grupo Clarín como tal con la figura de sociedad anónima. Este inicio está marcado por el ingreso de Goldman Sachs, un banco de inversión líder en el mundo, con el 18% de las acciones a cambio de 500 millones de dólares.Durante el año 2000, el Grupo adquirió el 75% del paquete accionario del diario La Razón, que se ubica en el mercado de la prensa gratuita, y se distribuye en bocas claves, tales como trenes, aviones y subterráneos. La Razón fue fundada en 1905, y durante muchos años lideró el segmento de la tarde junto con el diario Crónica. Después de innumerables avatares económicos y cierres temporarios, luego de un intento en convertirlo en matutino y modificar su formato, pasó a integrar el listado de medios pertenecientes a El Clarín y convertirse en una oferta diferencial: la del diario gratuito. En esos años, 1999, el gobierno de Menem dicta el decreto 1005/99 donde modifica algunas cuestiones de la ley de radiodifusión 22.285. En primer lugar, eleva a 24 la cantidad de licencias que en distintas localizaciones puede acceder una persona física o comercial en diferentes localizaciones, pero en una misma localización hasta una de radiodifusión sonora, una de televisión y una de servicios complementarios de radiodifusión, siempre que las dos primeras no sean las únicas prestadas por la actividad privada. El mismo decreto autoriza además la constitución de redes privadas transitorias, cuando se tratare de programas de interés general, cuestión que estaba prohibida por la ley. Finalmente, mientras que la ley de radiodifusión establecía que las empresas licenciatarias do debían tener vinculación jurídica societaria con empresas periodísticas o de radiodifusión extranjeras, el nuevo decreto modifica este artículo agregándole una salvedad: que los acuerdos suscriptos por la República Argentina con terceros países contemplen tal posibilidad, en alusión implícita al Tratado de Protección Recíproca de Inversiones firmado con Estados Unidos en 1991.
El nuevo período
El gobierno de Fernando De La Rúa pasó rápidamente sin gloria y con pena, puesto que además de su renuncia anticipada, el presidente dejó un país más destruido aún de lo que lo había dejado Carlos Menem, sumido en una crisis financiera anunciada, y con niveles de desocupación y miseria que hicieron peligrar la institucionalidad tan costosamente lograda. Néstor Kirchner asume la presidencia el 25 de mayo de 2003, y comienza un camino que intenta desandar algunas de las políticas del menemismo. Es así que el 18 de junio de 2003 se sancionó la Ley N° 25.750, de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, limitando la participación extranjera en las empresas de comunicación en un 30%. El artículo central establece que
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, que la propiedad de los medios de comunicación (…), deberá ser de empresas nacionales, permitiéndose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario y que otorgue derecho a voto hasta por el mismo porcentaje. (Ley Nacional 25.750, 2003)
Y finaliza el artículo aclarando que “las empresas culturales no podrán ceder el control sobre los contenidos de su producción”. Por otro lado, y en virtud de su interés estratégico, también se establece que el Estado preservará el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación –se entiende que frente a las crisis que pongan a las empresas a las puertas de una quiebra-. Con ello se pretendía poner un límite a los riesgos de que las empresas extranjeras se quedaran con las empresas mediáticas nacionales, de acuerdo a lo estipulado desde 2002 por la Ley de Quiebras respecto del mecanismo cramdown (por el cual los acreedores pueden cancelar deuda mediante la capitalización de acciones de las empresas deudoras).Otro hecho a destacar durante este período, en la línea de las fisuras que condujeron a la derogación de la ley 22.285, fue el recurso de amparo presentado por la Mutual Carlos Mujica, titular de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba, impugnando el artículo 45 de la ley de la dictadura, que excluía a las asociaciones sin fines de lucro del derecho de ser licenciatarias de medios de comunicación radiales y televisivos. A raíz de los fallos logrados en primera y segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 1° de septiembre de 2003, declaró la inconstitucionalidad del mencionado artículo a propósito de este juicio. En los fundamentos del fallo, la Corte reconoció que la Ley Nacional de Telecomunicaciones N° 19798 (anterior a la ley 22285/80) concedió igualdad de oportunidades a quienes deseaban adquirir licencias, sin discriminar a las asociaciones no lucrativas. El Tribunal, interpretó también que la reglamentación de 1980 viola los artículos 14, 16, 28 y 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, como también el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Se llegó de esta manera a la conclusión de que la normativa es arbitraria porque excluye de un modo absoluto y sin razones sustentables a ciertas personas jurídicas, a las que se les impide el acceso a las licencias por no haberse constituido en una sociedad comercial. Por ello viola y limita la libertad de asociarse libremente y la libertad de expresión.
Hacia una ley de servicios de comunicación audiovisual
La asunción a la presidencia por parte de Cristina Fernández de Kirchner, a fines de 2007, implicó un nuevo avance en torno a la política comunicacional, principalmente en materia legislativa, ya que generó el hecho de mayor trascendencia en nuestro país de los últimos 30 años: la derogación de la ley 22.285 y la sanción de una nueva ley de medios, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.5228. El proyecto fue gestado en el seno del oficialismo incorporando centralmente los 21 puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. La Coalición se conformó en 2004 convocada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y está integrada por sindicatos, universidades, organizaciones sociales, radios comunitarias, pequeñas radios comerciales y organismos de derechos humanos, entre otros. El 17 abril de 2008, la presidenta recibió a miembros de la Coalición, quienes le presentaron el documento de los 21 puntos, y le plantearon que
si hoy usted quiere impulsar, y tenemos confianza en que usted quiere impulsar un nuevo modelo de país, es necesario un nuevo modelo de comunicación. Un modelo de comunicación entendida como un bien social y no como un negocio comercial. Un modelo de comunicación en el que tengan espacio todos y todas, no solamente las empresas de carácter comercial sino los medios públicos, de gestión estatal, y los medios comunitarios, de propiedad social, de las organizaciones libres del pueblo (…). Creemos que es necesario poner límites a los monopolios y garantizar la libertad de expresión para todos los ciudadanos. (Néstor Busso, presidente de FARCO, durante el encuentro)
En respuesta a ello, la presidenta expresó que
el instrumento que hoy tenemos como ley de radiodifusión, es cierto fue creado por la dictadura y nada bueno puede salir de allí. Lo cierto es que no solamente ha quedado éticamente impugnada. Ha quedado técnicamente impugnada, porque si algo se ha caracterizado en la evolución y el desarrollo de las últimas décadas ha sido la evolución de las comunicaciones y la importancia que las comunicaciones tienen en la vida cotidiana de los pueblos, de las sociedades del mundo. Creo que lo más importante de todo esto va a ser poder incorporar a la Argentina no solamente al debate por la democratización de la información pública. (Cristina Fernández de Kirchner, durante el encuentro)
Casi un año después, el 18 de marzo de 2009 la propuesta de proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual fue presentado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la ciudad de La Plata, y luego fue debatido en 80 foros abiertos en todo el país. El 27 de agosto la versión definitiva del proyecto fue ingresado al Congreso para su tratamiento parlamentario, donde también fue debatido en audiencias públicas con representantes de organizaciones sociales, de medios comunitarios y de asociaciones profesionales. Finalmente, el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados el 17 de septiembre de 2009 con 147 votos a favor, 4 en contra, una abstención y 103 ausentes, mientras que en el Senado se aprobó el 10 de octubre con 44 votos a favor y 24 en contra. El año 2010 comenzó en nuestro país con nueva ley de medios, la ley de la democracia. Como era de esperarse, el duro golpe a los medios concentrados fue resistido tanto en el propio recinto legislativo, como desde las páginas de los diarios, canales de televisión y radios de estos medios, con argumentos tan falaces como contradictorios, como el hecho de que la nueva ley supondría un freno a la libertad de expresión.
Comentario final
¿Cuál fue el saldo positivo de este debate que ganó la calle sin que fuera el efecto esperado por los grandes medios? En primer lugar, que la sociedad comenzó a reconocer que la ley de radiodifusión que se pretendía reemplazar había sido puesta en vigencia por la dictadura militar. Por otro, que el espectro radioeléctrico no es propiedad de los grupos económicos/mediáticos sino que es de todos los habitantes. Que la libertad de expresión, de información y comunicación es un derecho humano y como tal debe estar garantizada por el Estado. Finalmente, se comenzó a conocer el nombre y apellido de los dueños de los grupos mediáticos y sus vínculos con el poder político y económico; por lo tanto, que detrás de cada noticia, editorial o crónica se esconden los intereses que cada cual defiende. Que no es poco. Ello permitió que la sociedad paulatinamente se fuera apropiando de esta ley y la democracia y esté dispuesta a preservarla de quienes, aún hoy, pretenden impedir su implementación.
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Cómo citar este artículo
Morales, S. (2010). Televisión y reforma legislativa sobre medios audiovisuales. En Meyer Rodríguez, J.A. (coord.). Espacios públicos y agendas mediáticas en Iberoamérica. RAIC (Red Académica Iberoamericana de Comunicación).